viernes, 11 de noviembre de 2016

La última de Hacienda: Reclama emails personales en las inspecciones


  • Los requerimientos y las multas se han multiplicado en los últimos años.
  • Algunas gestorías denuncian abusos en el régimen sancionador contra las empresas
Sin piedad. Con el objetivo de cumplir con los compromisos con Bruselas Hacienda y su cohorte de inspectores no dejan respirar a la economía real.
La trampa del adelanto en los pagos fraccionados de las grandes empresas no es bastante para cumplir con los objetivos de déficit del 4,6% fijados para este año. Así autónomos y pymes se han convertido, una vez más, en el blanco perfecto para recaudar vía sanción gran parte de los 5.500 millones de euros que se exigen a España y evitar así la congelación de los 1.200 millones de euros de Fondos Estructurales asignados para 2017.
“Desde hace varios meses es insoportable. Se han masificado los requerimientos para justificar cosas que no vienen a cuento”, denuncia Ricardo Perpiñán, secretario de Asefiget (Asociación española de asesores fiscales y gestores tributarios).
Maremagnum de información que, al igual que las sanciones, se han duplicado durante los últimos tres años, en los que se viene detectando un abuso “a ultranza” del régimen sancionador. Respecto ante el que Perpiñán se lamenta, “no cabe el error humano”.
Tal es así que muchas de las sanciones incoadas por el fisco son desestimadas por el Tribunal de Cuentas en última instancia.
No es de extrañar por tanto que, según el último Informe de Recaudación Mensual, de Agencia Tributaria (AEAT), la recaudación por IVA en los nueve primeros meses del año haya marcado un positivo de 1.237 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,8% respecto al pasado ejercicio. Suma y sigue que se completa con el menor número de devoluciones que se contrajeron un -5,8%.

Hacienda cierra empresas

A ello se añade que, según Asefiget, el principio de proporcionalidad –adecuar la gravedad del hecho a la sanción y evitar el uso desmedido de las mismas- tampoco se estaría aplicando. “No sólo es gravísimo, sino que además se está convirtiendo en un problema endémico que está cerrando empresas”.
En el caso del secretario de Asefiget tres son las pymes que se han visto abocadas a concurso de acreedores. El IVA fue la espada de Damocles de una de ellas “pidieron un aplazamiento que Hacienda desestimó”. A partir de ahí la debacle, tanto de la empresa como la  de su 23 trabajadores en nómina. La deuda se convirtió en apremio para ser ejecutada “les trabaron las cuentas y ordenaron a sus clientes que todo pago fuese a las arcas”.
Algunos inspectores reclaman emails personales durante los trámites sancionadores
Otro caso es el de E.J.S. un consultor madrileño que el pasado año tuvo que decir adiós a su proyecto. La sanción superó los 60.000 euros, “dime ¿cuántas pequeñas empresas de a pie los ganan?”. En su caso la pesadilla empezó a finales de 2015, coincidiendo con la Reforma Fiscal, que sustituía el cobro de nóminas de los socios por la emisión de facturas con IVA, obligando a estos a  llevar al día los libros de ingresos, gastos e inversiones, así como presentar las declaraciones trimestrales del impuesto. “Se valieron del desconocimiento de muchos profesionales independientes que operamos bajo una sociedad”, relata.

Hasta los correos electrónicos

La posición de poder de Hacienda va aún más allá. De palabra, sin consentimiento expreso y, por ende, sin el correspondiente requerimiento previo, algunos inspectores exigen la presentación de documentos de carácter personal, tales como correos electrónicos cruzados con proveedores.
“Lo hacen por si cuela”, explican desde Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), y recuerdan que el bloqueo al acceso a los programas de telecomunicaciones “es extensible a los registros de navegación de páginas webs, detalles de facturas electrónica y todo aquello que de pistas de las comunicaciones.
Por su parte, fuentes próximas a la Agencia Tributaria (AEAT) explican que este es un procedimiento “habitual” en el marco de una inspección. Y añaden “el inspector puede solicitar toda la documentación que considere necesaria. Otra cosa es que el contribuyente quiera o no aportarlo”.


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