viernes, 17 de febrero de 2017

EL TC ANULA EL IMPUESTO DE PLUSVALIA MUNICIPAL


La sentencia dictada por el pleno del TC obligará a reformar este impuesto local, una importante fuente de ingresos para los ayuntamientosConsidera que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica

Considera que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica.



El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el impuesto municipal sobre las plusvalías, que en teoría grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos pero en la práctica es abonado siempre, aunque hayan perdido valor. La resolución, de la que ha sido ponente la Vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, deteämina que "en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial".

Es decir, para el Constitucional no es legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica. Así, la sentencia dictada por el pleno del TC obligará a reformar este impuesto local, técnicamente denominado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos. El TC considera inconstitucionales los impuestos que afecten a "aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia". Corresponde por tanto al legislador, a partir de la publicación de la sentencia, llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto que permitan no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, señala el TC.



O sea, deberán ser diseñados de nuevo estos impuestos locales de manera que no se graven "situaciones" en las que no se haya producido una ganancia económica o se impida "a los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor". El fallo del Tribunal Constitucional, adoptado por unanimidad, ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Donostia, en relación con varios artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

El Tribunal considera que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica, previsto en la Constitución. La norma cuestionada establece un impuesto sobre la plusvalía de los terrenos de naturaleza urbana, impuesto que se devenga en el momento en que se produce la venta del bien y que se calcula de forma objetiva a partir de su valor catastral y de los años (entre un mínimo de uno y un máximo de veinte) durante los que el propietario ha sido titular del mismo.



O sea, se calcula de modo que no tiene en cuenta si el inmueble ha ganado o no valor y genera una ficción de incremento económico que, además, impide al particular toda prueba en contrario. La sentencia recuerda que el principio de capacidad económica no sólo se predica del sistema tributario en su conjunto, sino que debe estar presente en cada impuesto. "No caben en nuestro sistema -tiene afirmado el Tribunal- tributos que no recaigan sobre alguna fuente de capacidad económica". "Imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo (..) contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza", dice el TC. EFECOM






sábado, 14 de enero de 2017

CURSO Y SEMINARIO CARA AL PROXIMO CIERRE CONTABLE Y FISCAL EJERCICIO 2016



Durante los meses de Enero y Febrero de 2017, impartiremos en nuestra Delegación de Lucena y en nuestro Centro de Formación Centro de Formación Técnica y Nuevas Tecnologias, los siguientes Cursos y Seminarios, cara al próximo cierre contable y Fiscal del ejercicio 2016



Duración del seminario: 6 horas




Duración del Curso: 8 horas

Ambos cursos están dirigidos a : Economistas, Asesores, Contables, Administrativos Contables, Directores Financieros

lunes, 19 de diciembre de 2016

La Reforma de Sociedades obligará a tributar por las pérdidas empresariales



Las deducciones por deterioros en participaciones efectuadas antes de 2013 deberán pagarse a Hacienda en un plazo de 5 años.

La reforma del Impuesto de Sociedades, aprobada con los votos de PP y PSOE, obligará a las empresas españolas a pagar a Hacienda por las pérdidas sufridas, un hecho inédito en nuestra historia tributaria. Esta anomalía es fruto de los errores de técnica legislativa del Real Decreto-ley 3/2016 que fue convalidado el jueves sin discusión ni análisis por el rodillo parlamentario del PP y PSOE que se negaron a tramitarlo como proyecto de ley lo que hubiese permitido subsanar estos errores.
El deber de pagar a Hacienda por las pérdidas empresariales surge de la obligación de revertir las deducciones apuntadas antes de 2013 en el Impuesto de Sociedades por el deterioro de participaciones. Esto genera bases imponibles positivas en el Impuesto de Sociedades de 2016 (la norma es retroactiva al 1 de enero de este año) que obligarán a abonar a Hacienda pese a que se haya registrado una pérdida total.

domingo, 18 de diciembre de 2016

PUBLICADAS EN EL BOE DEL 17 DICIEMBRE 2016 MODIFICACIONES A LOS PLANES DE CONTABILIDAD


Publicadas ayer sábado dia 17 las modificaciones de los Planes Generales de Contabilidad con vigencia 01/01/2016. Para cerrar el año:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11954.pdf

La Pymes y autónomos pordrán aplazar sus deudas tributarias de más de 30000 euros hasta 12 meses



La medida se aplicará para 2017 y busca evitar que muchas pequeñas empresas se vean obligadas a la liquidación


      

4/12/2016 18:34
Las pymes y autónomos podrán seguir aplazando sus deuda tributarias y pagos de IVA pero en lugar de los 18 meses actuales, sólo lo podrán hacer por un plazo de 12 meses. Así lo ha asegurado tanto el presidente de ATA, Lorenzo Amor, como fuentes del ministerio de Hacienda, que han mantenido diversos encuentros para tratar la eliminación total de los aplazamientos que está recogida en el Decreto Ley que el consejo de ministros aprobó el pasado 2 de diciembre y que, previsiblemente, mañana se tramitará en el Congreso.


Esta modificación es fruto de la preocupación transmitida por ATA sobre el devastador efecto que la eliminación de los aplazamientos tendría sobre muchos autónomos y pymes. Desde Hacienda, explican estas mismas fuentes, se ha comprendido que esta situación podría provocar la liquidación de muchas pequeñas empresas, y por ello se aprobará esta modificación adicional que, en principio, sólo estará vigente en 2017. Después de ese plazo se estudiará el efecto que ha tenido la medida y se decidirá en consecuencia.

viernes, 11 de noviembre de 2016

LAS CUATRO REFORMAS EN AUTONOMOS QUE EL GOBIERNO QUIERE APROBAR YA



Ciudadanos y Partido Popular trabajan ya en la primera reforma del nuevo Gobierno. La Ley Integral de Autónomos contempla una serie de medidas urgentes, de aplicación inmediata, dirigidas a reducir las cargas administrativas de los autónomos y a mejorar su protección social. Pero, ¿cuáles son exactamente las medidas que promoverá la nueva normativa?
- Adaptar el pago de las cuotas a la Seguridad Social en función de los días trabajados, y no por meses como se hace ahora. Además, se permitirán hasta cuatro cambios al año de la base de cotización.
- Ampliar la cuota reducida de 50 euros para nuevos autónomos de 6 meses a un año.
- Eliminar el pago de cuotas a la Seguridad Social durante la baja de maternidad y equiparar las prestaciones económicas de las madres autónomas que se reincorporen a su actividad en los dos años posteriores al parto a las de las trabajadoras que cotizan en el régimen general.
- Incluir los gastos de mantenimiento del vehículo y de los suministros de luz y agua en la deducción del IRPF de los autónomos.
En paralelo, se creará una Subcomisión en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados que estudiará la reforma del Régimen Especial del Trabajador Autónomo (RETA) centrada en los siguientes puntos:
- Exención del pago de las cuotas a la Seguridad Social si los ingresos del autónomo son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
- Flexibilidad en la cotización para los autónomos a tiempo parcial o esporádicos.
- Compatibilización del trabajo autónomo con la percepción de la pensión de jubilación.
- Igualdad de prestaciones sociales para los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena.
Por su parte, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha valorado de forma positiva el acuerdo y se ha mostrado partidaria de las medidas a tomar, aunque lo consideran sólo un avance y reclaman mejoras en la regulación de los trabajadores autónomos dependientes.

La última de Hacienda: Reclama emails personales en las inspecciones


  • Los requerimientos y las multas se han multiplicado en los últimos años.
  • Algunas gestorías denuncian abusos en el régimen sancionador contra las empresas
Sin piedad. Con el objetivo de cumplir con los compromisos con Bruselas Hacienda y su cohorte de inspectores no dejan respirar a la economía real.
La trampa del adelanto en los pagos fraccionados de las grandes empresas no es bastante para cumplir con los objetivos de déficit del 4,6% fijados para este año. Así autónomos y pymes se han convertido, una vez más, en el blanco perfecto para recaudar vía sanción gran parte de los 5.500 millones de euros que se exigen a España y evitar así la congelación de los 1.200 millones de euros de Fondos Estructurales asignados para 2017.
“Desde hace varios meses es insoportable. Se han masificado los requerimientos para justificar cosas que no vienen a cuento”, denuncia Ricardo Perpiñán, secretario de Asefiget (Asociación española de asesores fiscales y gestores tributarios).
Maremagnum de información que, al igual que las sanciones, se han duplicado durante los últimos tres años, en los que se viene detectando un abuso “a ultranza” del régimen sancionador. Respecto ante el que Perpiñán se lamenta, “no cabe el error humano”.
Tal es así que muchas de las sanciones incoadas por el fisco son desestimadas por el Tribunal de Cuentas en última instancia.
No es de extrañar por tanto que, según el último Informe de Recaudación Mensual, de Agencia Tributaria (AEAT), la recaudación por IVA en los nueve primeros meses del año haya marcado un positivo de 1.237 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,8% respecto al pasado ejercicio. Suma y sigue que se completa con el menor número de devoluciones que se contrajeron un -5,8%.

Hacienda cierra empresas

A ello se añade que, según Asefiget, el principio de proporcionalidad –adecuar la gravedad del hecho a la sanción y evitar el uso desmedido de las mismas- tampoco se estaría aplicando. “No sólo es gravísimo, sino que además se está convirtiendo en un problema endémico que está cerrando empresas”.
En el caso del secretario de Asefiget tres son las pymes que se han visto abocadas a concurso de acreedores. El IVA fue la espada de Damocles de una de ellas “pidieron un aplazamiento que Hacienda desestimó”. A partir de ahí la debacle, tanto de la empresa como la  de su 23 trabajadores en nómina. La deuda se convirtió en apremio para ser ejecutada “les trabaron las cuentas y ordenaron a sus clientes que todo pago fuese a las arcas”.
Algunos inspectores reclaman emails personales durante los trámites sancionadores
Otro caso es el de E.J.S. un consultor madrileño que el pasado año tuvo que decir adiós a su proyecto. La sanción superó los 60.000 euros, “dime ¿cuántas pequeñas empresas de a pie los ganan?”. En su caso la pesadilla empezó a finales de 2015, coincidiendo con la Reforma Fiscal, que sustituía el cobro de nóminas de los socios por la emisión de facturas con IVA, obligando a estos a  llevar al día los libros de ingresos, gastos e inversiones, así como presentar las declaraciones trimestrales del impuesto. “Se valieron del desconocimiento de muchos profesionales independientes que operamos bajo una sociedad”, relata.

Hasta los correos electrónicos

La posición de poder de Hacienda va aún más allá. De palabra, sin consentimiento expreso y, por ende, sin el correspondiente requerimiento previo, algunos inspectores exigen la presentación de documentos de carácter personal, tales como correos electrónicos cruzados con proveedores.
“Lo hacen por si cuela”, explican desde Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), y recuerdan que el bloqueo al acceso a los programas de telecomunicaciones “es extensible a los registros de navegación de páginas webs, detalles de facturas electrónica y todo aquello que de pistas de las comunicaciones.
Por su parte, fuentes próximas a la Agencia Tributaria (AEAT) explican que este es un procedimiento “habitual” en el marco de una inspección. Y añaden “el inspector puede solicitar toda la documentación que considere necesaria. Otra cosa es que el contribuyente quiera o no aportarlo”.